La nueva versión de la Ley Ómnibus, negociada por el Ejecutivo con la oposición dialoguista, propone la desaparición de la Defensoría del Público, organismo del Poder Legislativo creado para la defensa de las audiencias, y la desfinanciación del fondo concursable que provee recursos para medios de comunicación cooperativos y comunitarios. Se argumenta que, de esa forma, se garantizan fondos para el cine y el teatro.