La nueva versión de la Ley Ómnibus que debate Diputados sostiene la criminalización de la protesta social con penas más graves para quienes participen de -o convoquen a- cortes de calle y acampes. También exige quecualquier manifestación cuente con un permiso previo del Ministerio de Seguridad, incluso si se trata de un reclamo “espontáneo”.