Con el patrocinio de Raúl Zaffaroni y Raúl Gustavo Ferreyra, el gobernador Quintela le pidió al máximo tribunal que declare la nulidad y suspenda la aplicación del decretazo de Javier Milei que desregula la economía, allana el camino para la privatización de empresas públicas y modifica o deroga leyes de todo tipo. Los jueces supremos respondieron que recién en febrero estudiarán el caso y le solicitaron a la Procuración que dictamine si la Corte es competente o no.