Tras la absolución del exjefe del Ejército, la familia del soldado desaparecido en junio de 1976 elevó un reclamo ante la Corte Suprema de Justicia. Su hermana, Graciela Ledo, dejó abierta la posibilidad de recurrir a la Corte Interamericana de Derecho…
Lo que dicen de tribunales en los medios
La denuncia fue radicada ante las inconsistencias de la exgobernadora bonaerense en su declaración jurada de bienes. La investigación quedó a cargo del juez federal Ariel Lijo..
La sede de los tribunales federales
de Rosario fue baleada por una persona que pasó caminando y, a cara
descubierta, efectuó un disparo contra la garita de seguridad. El atentado fue «enérgicamente» repudiado por la Asociación de Jueces y Juezas Fe…
«El proceso genocida no solo afectó a quienes pasaron por campos de concentración, a sus familiares, a sus amigos, sino que transformó a toda nuestra sociedad», señalan Silveyra y Thus. Desde esa convicción, plantean la necesidad que el juzgamiento del terrorismo de Estado trascienda las salas de audiencias.
El presidente de la Corte analizó temas técnicos con los jueces más poderosos mientras el kirchnerismo convocó al Senado para mañana a fin de tratar un proyecto para aumentar los miembros del máximo tribunal.
Además, adelantaron que Eduardo Casal no responderá porque ante su pedido técnico de evitar "interferencias" sobre los fiscales de la causa Vialidad recibió como una respuesta "política".
Los manifestantes se concentraron desde las 10.30 en el Obelisco porteño, desde donde marcharon hasta Talcahuano al 500, donde funciona el máximo tribunal del país. La marcha estuvo encabezada por la Corriente Clasista y Combativa, el Movimiento Evita y Barrios de Pie y reclamaron que se lleve adelante una reforma judicial. «Esta justicia no es compatible con la democracia de todos los argentinos», aseguró Juan Carlos Alderete.
Los camaristas de Casación sostuvieron que la calificación de genocidio carece de un fundamento jurídico eficaz. Lo hicieron al revisar un fallo del Tribunal Oral Federal 1, que en 2015 había condenado a ocho represores. El máximo tribunal penal confirmó las penas que se habían dictado, ratificó el uso de la figura de desaparición forzada, pero anuló la de genocidio y desestimó casos de víctimas incorporados durante el debate.