El mensaje que le bajaron a los secretarios del tribunal es que no hablen de los pedidos de Silvio Robles para acelerar o frenar causas. Las alternativas para que no vayan a declarar.
Lo que dicen de rosatti en los medios
Patricia Isasa, sobreviviente de la última dictadura cívico-militar y militante de Derechos Humanos, presentó una denuncia en la Comisión de Juicio Político contra el presidente de la Corte Suprema, a quien acusa de haber encubierto al represor Eduardo Alberto Ramos Campagnolo cuando éste trabajaba en el municipio de Santa Fe.
El ministro de Justicia acusa al titular del máximo tribunal de paralizar el Consejo de la Magistratura, el organismo encargado de la selección y sanción de magistrados.
En la causa por la disputa de una banca en el Consejo de la Magistratura, la Cámara alta pidió que Rosatti se aparte ya que es el actual titular del organismo que evalúa y elige jueces. La Corte no difundió el planteo y sólo lo hizo público tras el reclamo de la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort.
La presentación la realizó la abogada Graciana Peñafort, directora de Asuntos Jurídicos y apoderada del Senado. La abogada señala que Rosatti es «parte» en la contienda judicial y, en consecuencia, no debe intervenir porque está comprometida la garantía de imparcialidad en sus decisiones. Además, denunció que la recusación fue ocultada a la sociedad. «Hasta la fecha no la han subido al sistema público de expedientes. Es una manera de que nadie se entere», puntualizó.
Es por no haber convocado como titular de la Corte Suprema a la comisión interpoderes, que tiene como objetivo «acelerar» los procesos que se siguen por los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico militar, informó Pablo Llonto.
Germán Martinez aseguró que tienen que presentarse, pero desde Juntos por el Cambio sostienen que no hay causa para que sean citados. Un constitucionalista aclara cómo sigue el proceso.
Desde que asumió al frente de la Corte, el supremo no reunió a la comisión que se encarga de apurar los procesos a los genocidas ni hizo el gesto de convocar a organismos de derechos humanos, víctimas o sus representantes.
Desde que asumió al frente de la Corte, el supremo no reunió a la comisión que se encarga de apurar los procesos a los genocidas ni hizo el gesto de convocar a organismos de derechos humanos, víctimas o sus representantes.
El gobernador bonaerense los acusa de "tráfico de influencias". Va en línea con las presentaciones que habían realizado Santiago del Estero y La Rioja.
Patricia Isasa, militante de organismos de derechos humanos, presentó un nuevo pedido de juicio político contra el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia por haber brindado cobertura al represor Eduardo Alberto Ramos Campagnolo.
El diputado ultracristinista intentó justificar el uso como prueba legítima de los chats obtenidos en forma ilegal del ministro de Justicia Marcelo D'Alessandro. Pero el juez Ramos comparó ese método con la obtención de confesiones bajo tortura.