El colegio de abogados porteño, que preside Gil Lavedra, también reclamó que el Gobierno aumente las partidas presupuestarias de la Justicia y se ajuste la UMA, la unidad de medida de los honorarios de los letrados.
Diputados de la oposición le pidieron explicaciones al Gobierno.
El Ejecutivo estableció que "no podrán efectuar designaciones ni contrataciones de personal de cualquier naturaleza".