Lo paradójico es que mientras el Presidente apoya en declaraciones públicas la postura del fondo buitre, su propio gobierno ratifica la estrategia jurídica nacional que -a pesar del cambio de gestión- se mantiene inalterada: la Constitución está por encima del estatuto privado de una empresa, incluso si esa empresa cotiza en Wall Street.
"Lo que está en juego no es solamente un error de comunicación o una torpeza política. Es un gesto diplomático y legal que puede ser interpretado por los tribunales como una admisión, o al menos como una fisura en la defensa", explicó a LPO un abogado que sigue este tema.
Lo que está en juego no es solamente un error de comunicación o una torpeza política. Es un gesto diplomático y legal que puede ser interpretado por los tribunales como una admisión
En una causa donde cada declaración cuenta la señal del gobierno parece, como mínimo, contradictoria. Mientras tanto, la Argentina sigue su curso legal con la apelación anunciada.
Más allá de como puedan intervenir las declaraciones presidenciales en el litigio, la defensa Argentina aspira a conseguir, en paralelo a la apelación, que Preska conceda un Stay, o sea que ponga en pausa la ejecución de la sentencia hasta el pronunciamiento de la Cámara. "La causa entraría en un período de hibernación, hasta que a mediados del año que viene haya un pronunciamiento en segunda instancia respecto a la apelación de fondo", indicó la fuente consultada y agregó: "siempre y cuando Javier Milei no tenga una estrategia de hacer goles en contra".
Con sus declaraciones, Milei parece estar de acuerdo con la idea de que el estatuto de una sociedad anónima está por encima de la constitución nacional. Eso explicaría su intención de negociar con Burford. El diálogo está abierto. LPO reveló que Burford contrató como interlocutor a Gery Matto un viejo conocido de la Argentina.
Renunciar a la instancia de apelación en el caso YPF no es un trámite menor ni un gesto inocuo: implica una decisión política de alto costo, porque requiere la firma de un decreto por parte del Presidente o del ministro de Economía, que quedará como prueba documental de que la Argentina, pese a considerar históricamente injusto el fallo, elige no litigar más.
Esa renuncia no es técnica, es ideológica: expresa que el gobierno de Milei considera legítima la pretensión de los fondos buitres y está dispuesto a negociar bajo sus términos. Esto instala un escenario complejo. Si el Estado argentino sostiene públicamente que la sentencia es injusta pero opta por pagar, la decisión podría derivar en responsabilidades penales. Porque no se trataría de una transacción comercial sino de una claudicación deliberada en favor de una parte que la propia Argentina acusa de haber actuado de mala fe. En ese caso, la decisión de pagar -por convicción ideológica y no por obligación jurídica- podría ser interpretada como un perjuicio doloso al interés nacional.