• El Servicio Penitenciario Federal, que maneja una ex jueza K, le debe unos $4.300 millones a las empresas que dan de comer a los presos.
  • Las compañías amenazan con dejar de dar el servicio si no les pagan y hay temor por la violencia y motines.

En un duro informe ante la Federación Latinoamericana de Jueces, la entidad también señaló amenazas a "la seguridad física y jurídica" de los jueces argentinos.

La referente social de Los Piletones se diferenció de esa postura del oficialismo al remarcar que ella brinda asistencia alimentaria sin importarle la simpatía política de quien la solicita. Cómo impactó la devaluación en el comedor.