El máximo tribunal define si acepta o rechaza la recusación y la anulación in extremis de la cautelar que pidió el gobierno nacional en la causa por la coparticipación impositiva de la CABA. Mientras, el no acatamiento del fallo complica al presidente Alberto Fernández.
La solicitud no tiene la profundidad de los que se usaron contra el ex juez Oyarbide o la Corte de la mayoría automática de Menem. Los supremos aún no definieron una estrategia común. Temen que si hablan por teléfono los graben los servicios.
Desde que el máximo tribunal rechazó siete recursos extraordinarios, la vicepresidenta aumentó sus ataques a la Justicia.