La causa por el teléfono de Marcelo D’Alessandro pasó a manos del juez Sebastián Ramos, que tiene también el expediente de la excursión de magistrados, funcionarios y empresarios a Lago Escondido. Ramos aparece en las conversaciones hackeadas y tiene como antecedente haber cerrado en 24 horas la investigación de los diálogos entre el exfuncionario porteño y Silvio Robles, operador del presidente de la Corte.

El tribunal de alzada confirmó un fallo de primera instancia que estableció que la cartera no tiene esa facultad brindada por la Constitución, sino los fiscales.