En defensa de Mauricio Collareda, extitular del Distrito Santa Cruz de Vialidad Nacional, el abogado Luis Alonso Martínez explicó que la gran mayoría de las obras (47 sobre 51) estuvieron a cargo de la provincia y no de la Nación, y que hasta la auditoría realizada por el gobierno de Mauricio Macri concluyó que no hubo irregularidades. Recordó que los testimonios recabados negaron cualquier favoritismo hacia Lázaro Báez y consideró «escandaloso e inaceptable” el planteo de los fiscales Mola y Luciani.