Fue firmado el acuerdo de solución amistosa con la familia de D’Andrea Mohr que reclamaba por la violación a su libertad de expresión al haber sido condenado por daños y perjuicios en una demanda civil iniciada por el teniente general Héctor Ríos Ereñú. La labor de D’Andrea Mohr, fallecido en 2001, fue una pieza fundamental para el juzgamiento del genocidio.