Araceli Martínez se la envío al juez federal Sebastián Ramos quien investiga si hubo dádivas en el viaje a Lago Escondido y, también, espionaje ilegal. Ramos puede rechazar el expediente y, entonces, deberá intervenir la Corte.

Una investigación que lleva adelante el juez Marcelo Martínez de Giorgi dio por probado que en los cuadernos atribuidos al exchofer del Ministerio de Planificación hay distintas letras y más de 1600 tachaduras y correcciones. El TOF 7 y la fiscal que tienen la causa de los cuadernos reclamaron en forma urgente «una amplia certificación del objeto procesal» para determinar si hay coincidencias en los expedientes y poder unificarlos.

Ante la jugada para llevar el caso a terreno amigo, el juez federal de Bariloche Gustavo Villanueva sostuvo que la causa debe seguir en su jurisdicción, donde ya se inició la investigación y los implicados fueron imputados por
dádivas, violación de los deberes de funcionario público, tráfico de
influencias y falsedad ideológica de documento público. Mientras, en los
tribunales federales de Retiro ni siquiera hay un pedido de la fiscalía para iniciar la acción.

Los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens denegaron la solicitud de los abogados de la vicepresidenta para que la Cámara de Casación Penal revise los procesamientos de los integrantes de la organización neonazi. La querella de CFK había pedido que se los vuelva a acusar de integrar «una asociación ilícita destinada a imponer sus ideas por la fuerza o el temor”, como había considerado el primer juez del caso. Pero Bruglia y Bertuzzi sostuvieron que corresponde un delito más leve: incitación a la violencia colectiva. Llorens fue más lejos y negó que se les pueda imputar un delito penal.