La Asociación de Trabajadores del Estado envió una carta documento en la que negó la «existencia de causa u obligación» por la que el gremio deba de abonar una suma de dinero por los gastos del operativo de seguridad desplegado en las protestas del 22 …
Lo que dicen de «causa en los medios
Las últimas jornadas del juicio oral y público por el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel -ocurrido el 25 de noviembre de 2017 durante la incursión del grupo Albatros de la Prefectura Naval tras el desalojo de su comunidad Lafken Winkul Mapu en V…
El diputado nacional oficialista lo señaló en referencia a la causa por el viaje a Lago Escondido protagonizado por jueces, directivos del Grupo Clarín, un ministro porteño y exagentes de inteligencia.
Los hechos ocurrieron en Río Negro, pero el fiscal ante la Cámara Federal porteña Agüero Iturbe consideró en un dictamen que «en modo alguno podría considerarse que el hecho se cometió en el lugar donde aterrizó el avión o en el destino final de los encartados». El pedido fue presentado por Pablo Yadarola, uno de los jueces voladores.
Los hechos ocurrieron en Río Negro, pero el fiscal ante la Cámara Federal porteña Agüero Iturbe consideró en un dictamen que «en modo alguno podría considerarse que el hecho se cometió en el lugar donde aterrizó el avión o en el destino final de los encartados». El pedido fue presentado por Pablo Yadarola, uno de los jueces voladores.
La presentación se basa en un hecho registrado el pasado 15 de agosto en un hotel porteño – e informado por este diario- cuando en el marco de un festejo de cumpleaños al que asistieron altas autoridades del Gobierno de la Ciudad y del Poder Judicial, entre ellos, el ministro de Seguridad de la Ciudad, Marcelo D´ Alessandro, y Silvio Robles, el director general de la vocalía de Rosatti.
El consejo directivo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires aprobó una resolución que manifiesta «su preocupación por la violación de elementales garantías de debido proceso» en la causa Vialidad por «negarse el derecho d…
Fue después de que un juez ordenó 16 allanamientos a domicilios de dirigentes y sedes de organizaciones a raíz de datos conseguidos por infiltración de grupos de trabajo en las movilizaciones.