Las sociedades afectadas en su patrimonio o que fueron utilizadas con esta maniobra ilegal son Sir Cotton, Oleaginosa San Lorenzo, Vicentin, Algodonera Avellaneda y Sottano. La estafa según los fiscales fue para sostener gastos personales. Dijeron que se llevaron para eso el equivalente en ese tiempo a 20.946 salarios mínimos.
Los jueces remarcaron que para esta etapa del proceso en que no se requiere certeza los fiscales habían fundado adecuadamente en evidencia sus acusaciones. Habían señalado que los empresarios desviaron fondos de Vicentin para pagar sus abogados particulares. Mostraron incluso que crearon una sociedad para enajenar una avioneta Cessna de Vicentin a fin de no perderla.
"El ejemplo paradigmático de cómo intentaron escamotear el activo de la empresa es lo que hicieron con el avión", dijo el juez Foppiani. Se mencionó que el valor relativo de tres millones de dólares de este holding era ínfimo. "Pero ese valor para un pequeño productor que resultó perjudicado por Vicentin lejos está de ser ínfimo. Como lejos están de ser ínfimos los autopagos que se hicieron las personas imputadas", sostuvo el magistrado. "Estas operatorias tendientes a escamotear el destino de los bienes sobre el daño a resarcir es indicador de riesgo procesal", estableció.
Foppiani sostuvo que la pena en expectativa es proporcional con el pedido que hicieron los fiscales de prisión preventiva. Habló de gravedad de los hechos atribuidos, de su pluralidad y de la sofisticación de las maniobras "con lo que no puede descartarse una pena de cumplimiento efectivo si son condenados". Los fiscales pidieron en su momento para Macua 16 años de prisión, para Scarel 14, para Buyatti 16 y para Gazze 17.
El juez Foppiani no ahorró dureza en sus consideraciones pese a lo provisorio de esta etapa procesal. Habló de que "el principio de la realidad económica" de lo ocurrido es más importante que "el ropaje jurídico que se utilice para esconder u ocultar el movimiento de bienes". Indicó que "esta asociación criminal a pesar de haber sido desplazada formalmente de la empresa Vicentin continuó ejerciendo el control de facto sobre el grupo económico".
"Esto se evidencia según la fiscalía en el uso de empresas satélites, la confusión patrimonial entre empresas, el manejo de cuentas bancarias y la utilización de la estructura administrativa y recursos de Vicentin SAIC para beneficio propio", planteó el magistrado.
La empresa declaró su default en 2019 y mantiene una deuda concursal de 1.340 millones de dólares, lo que se considera la mayor cesación de pagos de la historia argentina. Tiene miles de damnificados, la mayoría pequeños productores que cedieron sus granos y no cobraron.
Los descargos
Las audiencias que terminan este sábado con las prisiones preventivas duraron tres jornadas. Este sábado a la mañana el director de Vicentin Estanislao Bougain, ejecutivo de la empresa con funciones en la etapa posdefault, trazó una firme diferencia entre las compañías según su funcionamiento antes y después del concurso, remarcando que más allá de llevar el mismo nombre y compartir algunos directivos se trata de sociedades diferentes. Declaró ante los jueces que pese a eso la compañía agroexportadora en la actualidad requiere de manera decisiva a Daniel Buyatti, Omar Scarel y Alberto Macua para poder operar de manera regular. Son tres de los cuatro directivos, junto con Roberto Gazze, que fueron detenidos hace una semana.
"Ellos están en la primera línea de funcionamiento en el área industrial, comercial y de finanzas", dijo Bougain, a fin de establecer la incidencia decisiva que tienen para la empresa estos directivos, a quienes los fiscales acusan de haber seguido detrayendo fondos de la empresa para propósitos personales aún en la etapa posconcursal.
Bougain rechazó la imputación de que se pagaron honorarios y fianzas con el flujo de la cerealera. Aseguró respecto de las cauciones que los directivos imputados reintegraron esos fondos a la empresa. Los fiscales Narvaja y Moreno habían señalado que los montos para depositar fianzas habían sido un ejemplo de desvío patrimonial de Vicentin a sus ejecutivos para compromisos personales.
"No cometí delito alguno", dijo uno de los directivos que está preso hace una semana, Alberto Macua. Remarcó como había dicho Bougain que los fondos recibidos para pagar cauciones en 2021 los ejecutivos los habían devuelto a Vicentin. Sostuvo por último que no hubo venta ni enajenación de una aeronave Cessna como habían indicado los fiscales.