El principal acusado por el ataque a la vicepresidenta y su pareja Brenda Uliarte se habían tomado fotos mostrando la pistola Bersa y las balas. Las cámaras de la vía pública confirmaron que Uliarte estuvo con Sabag en la zona durante el atentado y también en días previos. Para los investigadores, son indicios de que pudo haber una planificación del intento de asesinato y buscan establecer la participación de más personas. En declaración indagatoria, Uliarte intentó desligarse de los hechos, mientras que Sabag se negó nuevamente a hablar y se limitó a decir que “Brenda no tuvo nada que ver”.

En defensa de Mauricio Collareda, extitular del Distrito Santa Cruz de Vialidad Nacional, el abogado Luis Alonso Martínez explicó que la gran mayoría de las obras (47 sobre 51) estuvieron a cargo de la provincia y no de la Nación, y que hasta la auditoría realizada por el gobierno de Mauricio Macri concluyó que no hubo irregularidades. Recordó que los testimonios recabados negaron cualquier favoritismo hacia Lázaro Báez y consideró «escandaloso e inaceptable” el planteo de los fiscales Mola y Luciani.

El gremio de Piumato presentó un escrito tras la auditoría que detectó que durante 13 años la obra social –que estuvo bajo el control del ministro Maqueda– funcionó como un negocio personal, sin ningún tipo de control, ni inventarios ni presupuestos. “Tonon otorgaba prestaciones a un selecto núcleo de amigos privilegiados”, dijo el gremio sobre la mano derecha de Maqueda. Las revelaciones que dejó la auditoría ordenada por la propia Corte.