La información no era pública desde 2019, año en que asumió como gobernador. Según la acotada información oficial, que fue primicia del portal local Salta Transparente, el básico de Sáenz se duplicó entre enero 2022 y 2023, pero además el concepto «responsabilidad en el cargo» le agrega todos los meses fondos adicionales que hacen que supere el millón de pesos mensuales netos de salario. De la información se desprenden varias polémicas que generaron ruido, y que llegan en el peor momento posible: la campaña electoral.
En enero 2022 el básico estaba en $296.550 y se adicionaba $289.533 por la «responsabilidad en el cargo», lo que daba como resultado $586.038 mensuales. Un año después, en enero 2023, esos montos pasaron a $625.336 de básico más $610.538 de «responsabilidad en el cargo», para totalizar en $1.235.874 por mes. Este incremento significa un 110% de aumento anual, que es la envidia de cualquier empleado. Este monto de enero, como cualquier recibo de sueldo tiene descuentos, pero la misma información oficial consigna que después de los $121.279 de descuento el neto salarial está en $1.114.595.
Fue el propio Gobierno de la Provincia que terminó por admitir la información, como respuesta a requerimientos que viene haciendo la organización local Salta Transparente desde 2019. En su respuesta, remitida desde la Secretaría de Recursos Humanos, el Gobierno de la Provincia informó también que la información sobre sueldos y escalas salariales de de los funcionarios y empleados públicos, ya se encuentra publicada en el sitio web oficial del Poder Ejecutivo, tal como esta organización había solicitado desde 2019 a través de distintas presentaciones a la Secretaria General de la Provincia, Matilde López Morillo.
Los recibos de sueldo del Gobernador y sus Ministros no aparecen
Aún resta que la Secretaría General de la Gobernación, en respuesta a reiterados pedidos de Salta Transparente, entregue copia de los recibos de sueldo del Gobernador y de sus Ministros. Hasta el momento sobre ese punto existe silencio de la Secretaria General de la Gobernación.
Esto hace imposible verificar de manera formal la información que difunde el Gobierno de Salta, y cotejarla contra lo que efectivamente se declara en AFIP y ANSES.