Al menos 50 familias que viven en un hotel del barrio porteño de Constitución resisten un intento de desalojo “sorpresivo e irregular” decidido en las últimas horas y sin que se realizaran los censos ni medidas previas para una medida judicial de ese tipo. El lugar amaneció rodeado con un impresionante despliegue represivo de la Policía de la Ciudad: carros de asalto, hidrantes y más de 70 miembros de Infantería.
El inmueble está ubicado en Solís 1841 y desde hace más de 30 años viven familias con personas con discapacidades y niños. La orden de desalojo fue dispuesto por el Juzgado Civil 93, sobre la base de una causa iniciada en 2007 de la que no se dieron muchas explicaciones.
Lo que se sabe es que “la causa estaba archivada desde ese año y misteriosamente apareció un pedido de desalojo”, denunció a Página/12 Omar Battisttesa, un trabajador social que se hizo presente en el lugar. "Para colmo, no hubo un censo para saber quiénes ni cómo viven, el juzgado no dio intervención a la Defensoría Pública de Menores ni a ningún otro organismo. Esto es totalmente irregular", añadió
La cuadra de Solís al 1800, entre Pedro Echagüe y Brasil, fuecortada y el frente del hotel fue vallado desde las 6 de la mañana. A esa hora, la Policía de la Ciudad llegó e intentó ingresar, pero los vecinos sorprendidos se lo impidieron. Sólo se limitaron a mostrar la orden judicial a través de las ventanas de quienes viven en la planta baja.
“Si abríamos la puerta, la policía iba a entrar. Nunca nadie nos avisó que nos iban a desalojar. No vinieron funcionarios ni nunca nos dijeron por qué. Así que vamos a resistir como podamos”, contó a este diario Alexander Paredes, quien creció en ese lugar.
El hombre tiene 32 años, esposa y dos hijos. Es trabajador gastronómico en Recoleta y asegura que “todas las familias que viven en el hotel (de Constitución) son gente trabajadora, con chicos que van a la escuela”.
“La policía nos intimida pero vamos a resistir. No somos muchos, pero vamos a resistir”, enfatizó. Según le dijeron, las razones del desalojo es que el lugar tiene “peligro de derrumbe”, un tópico común en las órdenes judiciales para desocupar inmuebles. Eso sí, reconoció Battisttesa, "el lugar es precario, pero en ningún lugar vimos que se invocara el peligro de derrumbe".
Si esto hubiera sido así, con más razón debieron tomarse medidas previas para contener a las familias inquilinas: censarlas para garantizar un traslado a otro inmueble y para analizar la situación social, sanitaria y educativa de las personas más vulnerables, como niños y niñas en edad escolar, personas con discapacidad y adultos mayores.
“Nada de esto ocurrió y los motivos no están muy claros. A las familias las quieren dejar en la calle. Falta la presencia de algún organismo. La situación es de mucha tensión y hay amenazas de entrar por la fuerza. La gente está dispuesta a resistir”, añadió Battisttesa.
Hasta el lugar se movilizaron algunas organizaciones sociales, como el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), para reclamar que se dé marcha atrás con esa medida. “No somos mucho y la Infantería nos está rodeando. No sé lo que pueda pasar”, advirtió Susana, una integrante de esa organización.